Quizá un día de noviembre, entre la tibieza de una tarde curicana, un adolescente Carlos Gajardo Pinto (49) encuentra ya esa férrea vocación de dedicar vida y esfuerzos al mundo de las leyes. Quizá también ese mismo provincianismo, entendido en su sentido más positivo como resistencia a los poderes centrales, le hace prever un futuro lleno de desafíos y obstáculos. O quizá simplemente se entrega al destino, como todo joven que ha descubierto el tesoro más importante: vivir de acuerdo con sus propios sueños. “Fui y soy profundamente provinciano –sostiene con su evidente parsimonia–. Hasta los 17 años viví en Curicó, una preciosa ciudad, pequeña por cierto, donde muchos nos conocemos, pero en aquellos años tenía el inconveniente de no contar con educación superior, entonces uno sabía que terminando el colegio tenía que irse”.
Con el pasar de los años, Gajardo se ha convertido en una voz verdaderamente autorizada en el marco de discusiones de índole legal, de orden público y por, sobre todo, en el complejo espacio político. De hecho, su presencia ha sido recurrente en diversos medios de comunicación, como panelista de reflexión profunda, ponderada y asertiva.
POR PATRICIO MORALES L., PATRICIO ESPINOZA H.
FOTOGRAFÍA RODOLFO LERTORA
Carlos Gajardo es abogado de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como funcionario del Consejo de Defensa del Estado y, por casi dos décadas, fue fiscal del Ministerio Público, siendo designado fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente. Ha participado en importantes y mediáticas investigaciones, tales como los casos Fragatas, Comisión Nacional de Acreditación (CNA), fraude al FUT, caso Penta, caso SQM, Corpesca y estafas piramidales. Ha sido relator de fiscales y ejercido la docencia en cursos de postgrado en las universidades de Chile, Católica y Adolfo Ibáñez. Actualmente, es socio en el estudio jurídico Gajardo & Norambuena. “Siempre quise
estudiar Derecho –afirma–. Pero tuve una vacilación. Rendí la PAA y me fue muy bien, fui máximo puntaje nacional en matemática, fue la primera vez que salí en el diario en Curicó, y decidí estudiar psicología en la Universidad Católica. Luego me retiré, volví a dar la PAA y entré a Derecho, lo que quería realmente”, indica.
DE SANTIAGO Y OTRAS PASIONES
Habiendo cursado la enseñanza básica y media en el Instituto San Martín de los Hermanos Maristas, el arribo de Gajardo a la capital pareció ser un paso natural y sin problemas de adaptación. Por cierto, el joven futuro abogado contaba con una sólida red afectiva, tanto sus tres hermanos como sus abuelos maternos residían ya en Santiago y, por supuesto, fue integrado a ese núcleo de manera cordial y cariñosa. “Me integré bien a la vida santiaguina -recuerda-, hice amistades y pude desarrollarme sin problemas en la Universidad. Me acomodó Santiago, tanto que me quedé”.
Ya por aquel tiempo parecieran consolidarse dos de sus entrañables pasiones (aparte del ejercicio del derecho): el fútbol y la música. “Son dos actividades que me gustan mucho –comenta– y en las que no tengo demasiada habilidad, aclaro. Fútbol siempre jugué, mis grandes amigos los hice a su amparo. La música es una gran expresión de lo que sientes, más cuando eres joven, y uno intenta mantener la juventud, aunque las canas te comiencen a acompañar (ríe). Me gusta la música con contenido, en general en español más que en inglés, sobre todo el rock latino”, afirma.
¿Y el Derecho, Carlos?
Fue la conciencia juvenil de que el mundo era un lugar muy injusto y que uno, por lo tanto, si tenía la posibilidad y las herramientas, podía hacer cosas para intentar remediar o palear esa injusticia. Creo que es, en parte, lo que mueve a las personas cuando deciden estudiar Derecho, un sentimiento de querer tener herramientas para hacer justicia. Cuando creces, te das cuenta que las cosas son un poquito más complejas.
Tan complejo como llevar adelante el caso contra Augusto Pinochet Hiriart y conseguir una condena.
El primero y el único. Nunca más se condenó a nadie de la familia Pinochet. Fue un caso menor, donde se le condena por un auto robado. Fue una investigación muy grande en Curicó que llevamos adelante con el equipo de fiscales, con Mauricio Richard y con Vinko Fodich. Se descubrió una mafia que vendía facturas falsas, en ese tiempo se utilizaba la factura física y su falsificación era muy grande, movía mucho dinero. Se demostró que había “gente importante” involucrada, muchos empresarios, comerciantes, contadores. Quien lideraba este ilícito se llamaba Carlos Araya y, en el marco de la investigación, una arista tangencial arroja que había hecho un negocio de intercambio de vehículo con Augusto Pinochet hijo, el cual resultó ser robado. La evidencia mostraba que todos sabían que era un vehículo irregular. En efecto, Pinochet Hiriart terminó condenado y detenido en la cárcel de Curicó. La investigación que encabezó Gajardo permitió acreditar los hechos que generan la persecución penal. “Para la historia quedará como la única condena que recibió un miembro de la familia Pinochet. Recuerde usted que muchos años antes, este mismo sujeto estuvo involucrado en el caso de “Pinocheques”, donde la justicia no pudo avanzar pues su padre, en ese momento comandante en jefe del Ejército, amenazó con movilizaciones militares en el llamado “boinazo”, y esa investigación tuvo que terminarse”, apunta.
EL GRAN DILEMA: LA RELACIÓN ENTRE LA JUSTICIA Y EL PODER
De acuerdo con Carlos Gajardo, puede observarse una cuestionable tendencia a aceptar una suerte de estancos infranqueables entre sistema judicial y sistema político, dos poderosas torres de marfil del Estado de Derecho: “Nos acostumbramos a tener un sistema judicial que deliberadamente no incluía en su esfera de atribuciones al poder, sobre todo en el Derecho Penal. En Chile, desde la dictación del Código Penal se apunta a perseguir al delincuente callejero, al ladrón, al que roba. Ahí está el centro de lo que se quiere proteger y tutelar penalmente, por lo tanto, las persecuciones que no eran de este tipo, sobre todo en las posibles delincuencias económicas, eran muy tímidas. En general, el sistema judicial era muy tímido enfrentando al poder”. No obstante, su discurso deja entrever significativos avances en relación con esta problemática. Cambios legislativos que permiten perseguir de manera más directa aquellos delitos que, en otro tiempo, habrían sido abordados de manera mucho menos efectiva: “En los últimos 20 años –afirma– el delito “de cuello y corbata” ha pasado a ser mucho más castigado, un ejemplo de ello es la aprobación de la nueva Ley de Delitos Económicos publicada en agosto de 2023. Veremos cómo funciona”.
¿Nuevas miradas sólo en el ámbito de los delitos económicos?
También hay un cambio importante con la ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica que permite perseguir a empresas. Lo mismo con la Ley de Lavado de Activos que permite perseguir penalmente el lavado de dinero en el marco de empresas, de bancos, etc. La Ley de Delitos Económicos ha hecho que esto legislativamente tenga un cambio importante, pero hay una segunda traba que tiene que ver con la auto inhibición del sistema judicial, que en general prefiere no meterse en estos temas por distintos motivos: porque efectivamente es muy trabajoso, pero también porque la forma en que el sistema reacciona a quiénes persiguen estas causas es más bien de castigo. Entonces hay una señal implícita en decirte ‘No te metas en estos temas, si lo haces tu carrera en el ámbito judicial o de la fiscalía, del ministerio público, se verá entorpecida’.
Las evidencias sobran, según Gajardo. Desde su perspectiva, en el antiguo sistema judicial, aquellos ministros con figuraciones importantes en causas que de alguna manera “tensionaban” al poder, se vieron afectados en su carrera judicial, citando como ejemplo al ministro Carlos Cerda y su activa vinculación con temas de derechos humanos. “Pienso también en el maltrato que sufrió la ministra que hoy día está en la Suprema, Ana Gloria Chevesich, cuando investiga el caso MOP-Gate y una autoridad de la época la nombraba como la señora Mop, ninguneándola por la actividad que ella tenía para investigar esos hechos”. Esta misma problemática se replicaría en otros ámbitos. De acuerdo con la reflexión y experiencia de este abogado, sus notorias acciones como fiscal habrían sido la causa directa de su salida del Ministerio Público en enero de 2018. En sus palabras: “Haberme enfrentado rigurosamente en causas –Penta, SQM, Corpesca– que tensionaban al poder de manera transversal a la clase política, hizo que mi continuidad en el Ministerio Público fuera inviable, pero soy optimista en creer que los sucesos que están ocurriendo hacen que la barrera de “lo posible” se mueva. Cuando ves casos de corrupción vinculados al tema Fundaciones, Servicio de Impuestos Internos, Municipios, me parece que nadie pone sobre la mesa hacer un acuerdo transversal para que no se investigue. Creo que avanzamos, ahora la fiscalía deberá tener la capacidad técnica de llevar adelante esos casos, pero al menos no vemos una cortapisa inicial para llevarlos adelante”. Los casos Penta y SQM marcan un punto de inflexión. Creo que fue la última gota que rebalsó el vaso. Le antecedieron los casos Colusiones, MOP-Gate, con una sensación permanente de que nunca se le ponía “el cascabel al gato”, que nunca se barría la mugre debajo de la alfombra. Esto queda en evidencia, la ciudadanía reacciona muy molesta y los fiscales intervinientes terminan muy desacreditados. Pienso en el fiscal Jorge Abbott como símbolo del acuerdo transversal para que esto no avanzara, terminando con su imagen desgastada y una gestión muy desacreditada. Esto es una enseñanza para los que vienen, pues este tipo de cosas no son gratis, uno no puede hacer lo que hizo y luego seguir tranquilamente viviendo su vida.
Te robas una gallina y vas preso, pero en el marco de otros delitos (como los económicos) el “castigo” consistió en clases de ética. ¿Una fuerte bofetada al sentido común, no?
El símbolo comunicacional de esto justamente fueron las clases de ética. Y no es una vez, sino dos. Las clases de ética se repiten primero en el caso farmacias y, luego, en el caso Penta. Casos tan graves terminan con sanciones que, por supuesto, la ciudadanía no las puede considerar adecuadas, y creo que esta doble forma de tratar los casos es uno de los condimentos principales que provocaron el estallido social del año 2019.
Usando un código no judicial, sino clínico, ¿cuál sería el estado de salud actual del sistema judicial chileno?
El sistema tiene un grave problema del que no se ha hecho cargo: la falta de confianza de los ciudadanos en él. Esto ha sido advertido por diversas encuestas nacionales como CEP, Cadem u otras. En general son bastantes consistentes en niveles muy bajos de aprobación o de confianza de las instituciones vinculadas al mundo de la justicia. Muy en esa línea, en encuestas realizadas a nivel de la OECD, comparativamente con otros países, también salimos muy mal parados. Este tema siempre me ha motivado, y lo pongo sobre la palestra porque es un problema del cual el sistema no se hace cargo. El aparato judicial tiene un nivel muy bajo de confianza, pero a nadie pareciera importarle mucho cuando eso genera una serie de consecuencias muy negativas, por ejemplo, que la gente decida no acudir al sistema, por lo tanto, que se resigne a su mala suerte: “Bueno, me entraron a robar, ya está” o “Me abusaron, ya está” o “En esta empresa fui maltratado
y bueno, me lo tengo que simplemente bancar”. Estas situaciones generan en la ciudadanía una permanentemente rabia contra el sistema porque no te protege, no te da soluciones, no te escucha y, por otro lado, aumenta la posibilidad de autotutela, es decir, que decidas tomar justicia por mano propia, como lo vemos cada cierto tiempo en detenciones ciudadanas, incluso con algunos resultados fatales.
AUMENTO DE LA DELINCUENCIA Y DEL CRIMEN ORGANIZADO ¿PERCEPCIÓN O REALIDAD?
Para Carlos Gajardo, el abordaje efectivo de la delincuencia pasa necesariamente por contar con un adecuado diagnóstico de la realidad. Un dato relevante (y dramático) para el exfiscal es el aumento impactante de la cantidad de homicidios en nuestro país en los últimos cinco años, de 845 casos anuales a 1.322, según el Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados (2018-2022). Más grave aún si se considera que ello implica un incremento de la violencia, del uso de armas de fuego y de la criminalidad organizada.
“EL APARATO JUDICIAL TIENE UN NIVEL MUY BAJO DE CONFIANZA, PERO A NADIE PARECIERA IMPORTARLE MUCHO. ESTAS SITUACIONES GENERAN EN LA CIUDADANÍA UNA PERMANENTEMENTE RABIA CONTRA EL SISTEMA PORQUE NO TE PROTEGE, NO TE DA SOLUCIONES,NO TE ESCUCHA”.
Siguiendo con el lenguaje médico, ¿se cuenta con un diagnóstico certero sobre las causas de este fenómeno?
En las causas no se puede desatender la influencia que ha tenido la inmigración descontrolada, sobre todo en el norte del país, muy vinculada con Venezuela. Hemos tenido fuertes procesos de inmigración en décadas pasadas, como las de Perú y Haití, en que personas venían buscando mejores condiciones económicas. Pero en los últimos cinco años probablemente, evidenciamos una inmigración muy grande y poco controlada de inmigrantes ilegales, de los cuales no tenemos antecedentes, no sabemos quiénes son. Por supuesto, vienen personas que pueden ser muy valiosas para el país, acabamos de tener el ejemplo de Santiago Ford, un atleta brillante con unahistoria durísima. Pero junto a él, tenemos inmigración de integrantes del Tren de Aragua, entonces esa incapacidad que tiene el Estado para controlar quién ingresa o no, es fundamental para explicar –en parte– el aumento de criminalidad y de violencia, sobre todo de formas de criminalidad que no teníamos. Este es un punto muy trascendental, pues parte importante de los hechos más graves que se conocen periódicamente están asociados a personas que han inmigrado ilegalmente al país.
El propio Gajardo reconoce, en este sentido, una ineficacia en las políticas de persecución criminal, que pasa por nombramientos inadecuados a nivel de Fiscalía y falta de liderazgos reconocidos, cuestiones fundamentales para el avance en materias de enfrentamiento del delito: “Necesitamos líderes claros afirma–, el Fiscal Nacional tiene un rol muy importante, así como también el Subsecretario de Seguridad Monsalve, tienen un rol clave los Directores de la PDI, de Carabineros, etc. Necesitamos líderes internos en las instituciones y también externos, de cara a la ciudadanía”. Lo mismo ocurriría en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, planteando la necesidad de perfeccionar las estrategias de investigación y detención de “delincuentes no flagrantes”.
¿Y qué ocurre a nivel social, Carlos, más allá de las cuestiones estrictamente legales o judiciales?
Desde fuera del ámbito del sistema de persecución criminal, necesitamos un mejor tratamiento para los niños que desertan del colegio. En general, un niño que abandona el colegio con mucha probabilidad terminará delinquiendo. Necesitamos mejores sistemas de reinserción social una vez que la persona sale de la cárcel; hay que indagar en sistemas que den mejores herramientas que permitan buscar fórmulas para obtener trabajo. Ahora, esto no es fácil, pues si estamos hoy con una alta cesantía
para una persona normal, obviamente con mayor dificultad una persona que delinquió encontrará empleo. Hay una serie de medidas de ámbito social que impactan directamente en la delincuencia y debemos hacernos cargo. La percepción de la problemática delictual es extremadamente grave, sin punto de retorno para muchos. ¿Se justifica esta inquietud, reforzada además por los medios de comunicación? Comparativamente con Sudamérica, Chile tiene bajas tazas de homicidios, de violaciones y de secuestros, a pesar de los porcentajes de aumento registrados.
Seguimos teniendo mejores tazas que Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México; y eso es un activo, por supuesto. Pero también, en ese escenario, tenemos mucho robo que obedece a otra lógica que tiene que ver con un sistema un poco desigual. Entonces, si queremos disminución de la delincuencia, el Estado tiene que construir más cárceles, sí. Pero también tiene que construir mejores escuelas, esa es la doble forma, a mi parecer, de enfrentar tal fenómeno.
DEL UNIVERSO LEGAL AL MULTIVERSO POLÍTICO
Dentro de los múltiples campos de interés y visibilización, no cabe duda que la cuestión política ocupa un lugar relevante en las preocupaciones cotidianas de este exfiscal. Desde su perspectiva, asistimos a un momento de la historia de Chile marcado por la “mala convivencia” política. Una sociedad que, sin encontrarse en situación de polarización, cuenta con una clase dirigente que, en su opinión, “pareciera a veces vivir en otro planeta, preocupada de muchas cosas que al chileno común no le interesan”. Junto con ello, Gajardo constata un profundo problema de “diseño institucional” que se traduce en un deficiente sistema de repartición del poder.
¿Y cómo se traduce eso en términos políticos?
Durante los gobiernos de la Concertación, tuvimos un periodo importante de crecimiento donde teníamos muchos enclaves, amarres. Hubo una especie de camisa de fuerza, pero hay que reconocer le dio mucha estabilidad y crecimiento al país durante 30 años. Soltamos esa camisa de fuerza, pero no hicimos un traje que le permitiera a nuestra sociedad desarrollarse adecuadamente, y eso es algo que estamos pagando hoy en distintos ámbitos. ¿Todo ello al margen del “signo” político gobernante? Existe una profunda dificultad para gobernar que evidencia una rápida pérdida del afecto por el que es elegido. Hay distintos casos, le pasó al presidente Piñera que muy rápidamente perdió el 50% de los votos que tuvo, y también le ha pasado al presidente Boric, que si bien conserva una base de un 30%, perdió en seis meses el apoyo mayoritario que había tenido. Estamos teniendo mucha desafección por el que elegimos y eso es preocupante. No me cabe duda que al próximo gobernante le pasará lo mismo.
¿Es posible proyectar un escenario político presidencial bajo estas circunstancias?
Es muy probable que el próximo gobierno sea de derecha, sobre todo por la mala evaluación que ha tenido este gobierno, pero todo parece indicar que los incentivos están puestos para que ese gobierno rápidamente pierda apoyo popular y se le torne difícil gobernar. Ojo que esta dinámica no es exclusiva de Chile, lo podemos ver otras latitudes, pero creo que una de las mayores preocupaciones que debiéramos tener en ese ámbito y en el ámbito constitucional, es cómo creamos un diseño que permita que el afecto de la sociedad con sus gobernantes no desaparezca tan rápido.
A propósito de gobernantes, ¿se arrepiente del apoyo prestado a la candidatura de Gabriel Boric?
En lo absoluto. Y le agradezco la pregunta. Creo que todas las decisiones obedecen a un momento, a un contexto. Decidí participar de la campaña en la segunda vuelta cuando las opciones eran, un candidato con posiciones que a mí me parecieron bastante extremas de derecha, José Antonio Kast; contra un candidato con posiciones, me parece, básicamente de social democracia, Gabriel Boric. Si volviera a estar en ese escenario, tomaría la misma decisión, es decir, si volviera a ver un escenario en que Chile puede encaminarse a tener un gobierno que no respete adecuadamente los derechos de la minoría, que no respete adecuadamente los derechos de las mujeres, que no establezca como un principio franqueable que las violaciones a los derechos humanos deben ser castigadas, etc. En un escenario binario de esas características, sería muy difícil mantenerme al margen o ser indiferente.
«EXISTE UNA PROFUNDA DIFICULTAD PARA GOBERNAR QUE EVIDENCIA UNA RÁPIDA PÉRDIDA DEL AFECTO POR EL QUE ES ELEGIDO (…) ESTAMOS TENIENDO MUCHA DESAFECCIÓN POR EL QUE ELEGIMOS
Y ESO ES PREOCUPANTE. NO ME CABE DUDA QUE AL PRÓXIMO GOBERNANTE LE PASARÁ LO MISMO»
¿Ese fue el motivo gatillante?
En la sociedad actual, marcada por la desafección que menciona, que un “personaje público” muestre abiertamente sus inclinaciones políticas podría significar poner en riesgo su capital de credibilidad. El razonamiento decisivo para involucrarme en la segunda vuelta se genera al ver las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, las que consideré tremendamente agresivas y misóginas, brutales, cuestionando incluso el derecho a voto de las mujeres. Entonces, siendo yo padre de dos niñas y un niño, no es algo que me resulte indiferente. Siempre he abogado por una sociedad en que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, y soy particularmente feminista desde el momento que tuve hijas. Desde ese momento, se me tornó invivible que mis hijas puedan tener menores derechos que los que tiene un hombre, me parece intolerable. Sólo en ese momento, lo reconozco en el egoísmo que todos tenemos. Antes no era algo que me preocupara, pero cuando tuve hijas y me di cuenta que para ellas el mundo iba a ser un lugar más hostil que para mi hijo. En ese momento me pareció que era una decisión moral y no tuve reparos en hacerla pública.
